Introducción

Costa Rica es una democracia estable desde 1949. Antes de ese año se realizaban elecciones periódicamente, pero con prácticas de fraude comunes y variadas (Molina y Lehoucq 1999). Es luego de la breve guerra civil de 1948 cuando los actores políticos ininterrumpidamente cumplen el precepto democrático de aceptar la derrota cuando los votan en contra (Przeworski 1991; ver también Bowman 2000). Bajo el nuevo marco constitucional establecido en 1949, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) regula la competencia electoral con independencia y las mujeres adquieren el derecho a votar, lo cual amplía la inclusividad del régimen político a toda la población adulta. Si bien la proscripción del partido comunista que rigió hasta 1975 debilita la cualidad de competencia libre, en general, los derechos civiles y políticos de la ciudadanía se respetan en el periodo posguerra civil (Programa Estado de la Nación 2001). Costa Rica es, por lo tanto, una democracia consolidada.

Desde 1953 –la primera elección presidencial luego de la guerra civil– hasta 2018 se contabilizan 17 elecciones nacionales en las que se eligen simultáneamente presidente (de forma directa) y la totalidad de escaños del congreso unicameral, la Asamblea Legislativa, para periodos de cuatro años. Es decir, hay 17 transiciones pacíficas del poder, la mayoría con alternancia de partidos en la presidencia, cinco con continuidad del partido, pero ninguna con reelección consecutiva del presidente, pues la constitución del 49 la prohíbe (la reelección puede buscarse luego de dos periodos para el presidente y luego de un periodo para las personas legisladoras).

En este espacio resumo algunas procesos y tendencias en torno a la democracia costarricense y estas 17 elecciones nacionales, centrándome en la participación electoral, los partidos políticos y las consecuencias para los gobiernos. El enfoque es descriptivo, ya que me limito a señalar patrones, aunque también hago referencia a explicaciones teóricas previamente desarrolladas.

Participación en elecciones

La participación política se expresa de muchas formas (Theocharis y van Deth 2018), pero la más recurrente es la participación electoral, entendida como la asistencia a las urnas para votar. Votar resulta central para el funcionamiento de la democracia. Con el voto se recompensa o castiga a quienes ocupan cargos en el gobierno. Sin bien la protesta ciudadana, como una forma de participación democrática, es un factor influyente en las destituciones de gobernantes (Helmke 2017), las elecciones permiten decidir igualitariamente –es decir, con cada voto teniendo el mismo valor– quién gana y quién pierde (Przeworski 2010). Por lo tanto, hay razones teóricas y prácticas por las cuales interesa centrarse en cuántas personas votan.

El siguiente gráfico muestra los porcentajes de participación, calculados como el total de votos emitidos entre el total de personas electoras registradas. Se incluye las segundas vueltas presidenciales de 2002, 2014 y 2018 –convocadas, siguiendo la norma constitucional, porque ningún partido alcanzó el 40% de los votos válidos– y el referéndum de 2007 para decidir la aprobación del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Además del total nacional, el gráfico desagrega la participación para las siete circunscripciones electorales que coinciden con las provincias administrativas. Adicionalmente, desde 2014 se añade una circunscripción electoral en el extranjero para la elección presidencial.

Entre 1962 y 1994 (inclusive) la participación electoral es estable y alta –mayor a 75%– en todas las provincias/circunscripciones, excepto en Puntarenas y Limón, donde es regularmente más baja. Desde 1998 y en adelante, la participación es menor a 75% en todo el territorio. Sin embargo, se dan algunas oscilaciones en el tiempo: en 2010, en la primera ronda de 2014 y en la segunda ronda de 2018 la participación sube respecto al promedio del periodo; en el referéndum y en la segunda ronda de 2014 se registran los niveles más bajos de asistencia a las urnas desde 1953. Además, desde 1998 las variaciones geográficas se profundizan, en particular en Guanacaste, donde la participación disminuye significantivamente, conformando con Puntarenas y Limón los territorios nacionales de menor participación. Es, sin embargo, la circunscripción en el extranjero la que muestra la participación más baja, inferior a 25% en las cuatro ocasiones en las que se votó desde el exterior.

El descenso en la participación en 1998 encendió luces de alerta en su momento y marcó el inicio de una nueva etapa en el comportamiento electoral. No obstante, hay que reconocer que la participación electoral ha disminuido en muchos otros países (Blais y Rubenson 2013). En Costa Rica, el declive de la participación se ha explicado con distintas hipótesis. Personalmente, la que veo más convincente es aquella que postula la convergencia entre las plataformas partidarias de PLN y PUSC en los noventas como un desincentivo para votar (Raventós et al. 2005). La tesis de la convergencia es vieja y proviene del texto clásico de Anthony Downs (1957), An Economic Theory of Democracy. Dice, en pocas palabras, que si los partidos ofrecen lo mismo, ¿de qué sirve votar por alternativas similares? De esta forma, la abstención –y el paso al multipartidismo (ver más adelante)– es una consecuencia racional para un público al cual las opciones existentes se le hacían reducidas.

En general, ¿quiénes votan y quiénes no? Por un lado, la teoría reconoce la importancia de los factores estructurales de la participación: recursos cognitivos (educación) y materiales (ingresos) incrementan la probabilidad de votar (Verba y Nie 1972). Esto se ha confirmado en el caso costarricense (Pignataro y Cascante 2018; Raventós et al. 2005). Por el otro lado, en términos demográficos, las personas jóvenes y ancianas votan menos, mientras que las mujeres votan más que los hombres, excepto en los últimos años de vida cuando los hombres votan más que las mujeres. El menor voto entre personas jóvenes tiene además un efecto inercial que deprime la participación en el tiempo (Alfaro-Redondo 2014), aunque entre las personas 18 años la participación es mayor de lo que se esperaría dada la edad. Esta particularidad de las primeras personas votantes se visualiza en el gráfico de las elecciones desde 1994 hasta 2018, pero se registra también en elecciones anteriores a este periodo (Hernández 1991).

Por último, deben destacarse dos factores institucionales que promueven la participación electoral en Costa Rica. Por un lado, el sufragio se define como obligatorio (reforma constitucional al artículo 93, Ley No. 2345 de 1959), aunque no se regulan sanciones por no votar. Por el otro, el empadronamiento es automático. Mientras que en otros países la inscripción al registro electoral implica un trámite específico, en Costa Rica no (pero las personas que cumplen 18 años entre el cierre del registro electoral en octubre y la elección de febrero, deben solicitar antes el documento de identidad para estar en el registro electoral). Como contrafáctico, puede suponerse que la participación en Costa Rica sería menor si el voto fuese voluntario y el empadronamiento no fuese automático.

Partidos políticos

Nos gusten o no, los partidos políticos son esenciales en la democracia. Primero, resuelven dilemas de acción colectiva al votar proyectos de ley en el congreso. Luego, legisladores que votan de forma conjunta concluyen que, así como se ponen de acuerdo para aprobar leyes, pueden aliarse para las campañas electorales y obtener más escaños. Teóricamente, así nacen los partidos políticos (Aldrich 2011). Sin embargo, los partidos políticos también mueren, renacen y se transforman. Además, la forma en que se relacionan los partidos entre sí cambia en el tiempo. Se habla de fragmentación cuando el número de partidos (relevantes) aumenta. Por el contrario, se presencia un colapso cuando los partidos desaparecen, como ocurrió en Italia y Venezuela en los noventas.

¿Ha cambiado el sistema de partidos en Costa Rica? Sí. ¿Ha colapsado? No, se ha fragmentado. Un indicador útil para medir esta fragmentación es el acumulado de votos de los dos partidos que obtienen más votos.

Como muestro en el gráfico, hasta 1998 (inclusive) los dos partidos más grandes –principalmente, el Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y los antecesores históricos de este último– capturaban tres cuartas partes del voto o más. Había, por lo tanto, un sistema de partidos dominado por dos grandes fuerzas políticas, es decir, un bipartidismo. Pero, desde 2002, PLN y PUSC pierden la supremacía electoral con el ascenso de nuevas opciones. Con más partidos compitiendo, los dos partidos con más votos suman en cada ocasión menor caudal electoral, llegando al mínimo en 2018 con menos de 50% (que no son ni PLN ni PUSC). El principal protagonista del declive del bipartidismo es el Partido Acción Ciudadana (PAC). Aunque antes de 2002 existían terceras fuerzas electorales, incluso con escaños legislativos, el PAC sobresale como partido emergente, primero, porque al restarle votos a los partidos tradicionales obliga a realizar una segunda ronda entre PLN y PUSC en 2002 (la primera en la historia) y, segundo, porque gana la presidencia en 2014 y 2018. Esta transformación del sistema de partido se intepreta como desalinamiento, por el declive de los partidos tradicionales (Sánchez Campos 2010), y como realineamiento, por el ascenso del PAC (Perelló y Navia 2021). No es un caso de colapso del sistema partidario, ya que tanto PLN como PUSC sobrevivieron el proceso de cambio, si bien con rendimientos menores.

El acumulado de los partidos más votados evidencia los cambios en el sistema de partidos. Pero esta medida se basa en información incompleta al centrarse únicamente en los dos partidos más votados. En Costa Rica las elecciones incluyen ocho candidaturas presidenciales en promedio, que varían desde dos (en 1953 y 1966) hasta 13 (en 1998, 2002, 2014 y 2018) y 14 (en 2006). En dirección opuesta al caudal de votos que acumulan los dos partidos mayores, el total de candidaturas crece en el tiempo.

Ahora bien, no todas las candidaturas tienen la misma relevancia o peso electoral. Algunas no se pueden considerar contendientes viables o con posibilidades altas de ganar la presidencia. Una medida más realista de la fragmentación es el número efectivo de partidos (NEP), el cual contabiliza todos los partidos, pero ponderándolos según su tamaño con la fórmula \[NEP=\frac{1}{\sum_{i = 1}^{n}prop_{i}^2}\] donde prop es una proporción de votos o de escaños para cada partido i.

El siguiente gráfico muestra el NEP calculado con los votos para la elección presidencial. Se nota que el número de partidos efectivos que compite por el más alto cargo del Poder Ejecutivo crece desde 2002. Por partidos efectivos debe entenderse no solo que hay más partidos nominalmente incluidos en las papeletas, sino que hay más opciones con posibilidades de ganar. Antes de 2002, solo en 1974 el NEP presidencial sobrepasó tres. ¡En 2018 es mayor a cinco!

Al existir más candidaturas presidenciales con apoyo electoral relevante (como muestra el NEP presidencial), un proceso paralelo ocurre en las elecciones legislativas. Bajo el presidencialismo, las candidaturas presidenciales influyen en el voto legislativo según el éxito relativo que cosechen. Es el efecto de presidential coattails, según Samuels y Shugart (2010). La lógica detrás es que las candidatas y los candidatos presidenciales concentran la atención de medios de comunicación y de la opinión pública. Cuando más partidos compiten por la presidencia y atraen votantes, el fenómeno se reproduce para el congreso, multiplicando los apoyos para listas legislativas que, de no ser por las aspiraciones presidenciales, resultarían desconocidas (digo listas y no candidaturas porque el sistema electoral vigente se basa en listas cerradas, confeccionadas por los partidos).

El gráfico anterior evidencia la predecible fragmentación de fuerzas parlamentarias. Solamente en 1958 y en 1974 el NEP calculado con escaños legislativos es mayor a tres antes de 2002; luego crece hasta casi llegar a cinco partidos efectivos. En otras palabras, más partidos obtienen diputaciones. Esta inflación en número se acompaña, además, de una mayor variedad de las plataformas programáticas. En los congresos desde 2002 hay una incremental presencia de partidos que Alfaro-Redondo y Gómez-Campos (2014) catalogan como izquierda, centroizquierda, regionales y de intereses específicos. Con ello se amplía el rango ideológico legislativo respecto al periodo dominado por PUSC (conservador) y PLN (aunque inicialmente socialdemócrata, desde la década de 1980 adoptó políticas neoliberales con programas asistenciales compensatorios; Wilson 1999). En 2018, la oferta partidaria se diversifica aún más con el ascenso de la derecha radical populista (Pignataro y Treminio 2019).

El multipartidismo que se consolida desde 2002 no debería extrañar. Con sistema de doble vuelta para la elección presidencial y circunscripciones de magnitud mayor a uno con fórmula proporcional Hare para legisladores como la que se aplica en Costa Rica es esperable que compitan varios partidos. Más bien, resulta anómalo que bajo un sistema proporcional imperara el bipartidismo hasta 1998 (ver Riker 1982)1. Sin embargo, un fenómeno adicional se destaca en las últimas elecciones: el número de partidos que obtienen escaños parlamentarios es mayor al supuesto por la teoría.

Matthew Shugart y Rein Taagepera (2017) han propuesto modelos lógico-matemáticos para predecir el número de partidos ganadores en una circunscripción electoral y en toda la cámara legislativa. Por lo tanto, es posible comparar estas predicciones teóricas con los valores observados en Costa Rica. Con este propósito, el siguiente gráfico compara las predicciones teóricas para las elecciones de 1990 hasta 2018 con los valores reales de los partidos con al menos un escaño en cada circunscripción (provincia) y en el congreso (nacional). Se incluye una línea punteada que implica una coincidencia perfecta entre observación y teoría.

En la mayoría de las elecciones, los números reales están por encima de la recta, indicando que la fragmentación observada es mayor a la teórica. A escala nacional, el valor teórico esperable de partidos con representación nacional, basado en una magnitud de distritos promedio de 8.1, es 4.6. En 1990, 1994 y 2002 el valor observado (cinco) coincide con el predicho. Sin embargo, en los demás años, el número de partidos que llegan a ocupar escaños crece, duplicándose en 2014 con nueve partidos representados. En el tiempo, esta fragmentación se acentúa incluso en las circunscripciones más pequeñas (Guanacaste y Limón), donde se predicen alrededor de dos partidos ganadores, pero se observan tres, cuatro y hasta cinco partidos en las elecciones más recientes. En resumen, en los últimos años, la fragmentación parlamentaria resulta mayor a lo teóricamente esperable dadas las reglas institucionales (magnitud de distrito promedio y tamaño del congreso).

Adicionalmente, en las últimas legislaturas, diputadas y diputados se separan de sus partidos, dividiendo aún más el parlamento. Aunque el llamado “transfuguismo” es visto muchas veces como una patología del sistema político, habría que reconsiderarlo más bien como una consecuencia del sistema de elección proporcional (que incentiva la fragmentación) y la ausencia de reelección consecutiva (que dificulta penalizar la deslealtad partidaria).

Consecuencias

Los cambios en los patrones de votación y en el sistema de partidos tienen consecuencias en cómo se gobierna. Por presidential coattails, si más partidos compiten por la presidencia, más partidos llegan al congreso. Y si, debido a la fragmentación, los presidentes ganan con menos votos, sus partidos obtienen menos diputadas y diputados. Así, la persona que gane la presidencia tiene bancadas oficialistas (de su propio partido) más reducidas y se enfrenta con mayor probabilidad a congresos más adversos (Borges 2014), donde aprobar la legislación puede resultar más difícil (Muñoz-Portillo 2020).

Desde 1994 los presidentes obtienen números negativos en torno a las mayorías (mitad más uno) del congreso. En un primer periodo, la presidencia Mario Echandi (1958-1962) destaca como caso desviado de minoría legislativa. Pero, en congresos recientes, la minoría es la tendencia. En un extremo, a la presidencia de Carlos Alvarado (2018-2022) le corresponden diez legisladores de su partido, al igual que Echandi en su momento. Sin embargo, la minoría de Alvarado es relativamente más reducida pues son diez sus legisladores en un congreso de 57 miembros, no de 45 como lo era para su predecesor (el congreso se expandió en 1962 con la reforma constitucional Ley No. 2741 de 1961). Así, mientras que a Echandi le faltan 13 legisladores para la mayoría simple, a Alvarado 19.

Las presidencias con poderes divididos responden no solo a la mayor fragmentación sino, en última instancia, al comportamiento electoral de las personas votantes. Ciertamente el número de legisladores está mediado por el sistema electoral, cuya (des)proporcionalidad influye en que existan diferencias entre votos y escaños. Sin embargo, en Costa Rica los resultados en escaños son bastante similares a la distribución de votos, en comparación con otros sistemas electorales. Por lo tanto, los congresos minoritarios resultan porque las personas votantes no votan de la misma forma presidente y congreso (i.e., quiebre del voto o split-ticket voting).

De hecho, en Costa Rica, las candidaturas presidenciales exitosas obtienen mejores resultados en la elección presidencial que en la legislativa. El gráfico abajo muestra la correspondencia entre votos para presidente y para el congreso. En todos los casos, el apoyo legislativo es inferior al que reciben los presidentes y la presidenta, lo cual se observa en el hecho de estar por debajo de la línea punteada que denota igualdad (la primera presidencia de José Figueres, justamente en la línea, es la excepción). Puede verse que el efecto no es de época (i.e., bipartidismo vs. multipartidismo). Más bien, las diferencias se acentúan entre partidos: presidentes del PLN resultan mejor respaldados que los del PUSC y sus predecesores (Coalición Unidad, Unificación Nacional y Unión Nacional). Las presidencias del PAC, sin embargo, llevan la peor parte, como evidencian los resultados de los presidentes Solís y Alvarado. De forma que no se puede hablar de una distorsión del sistema electoral que produzca minorías legislativas, sino que es el electorado costarricense el que evita la concentración del poder.

Prospectivamente el castigo es mayor a la recompensa para quien obtiene la presidencia. Mientras que Przeworski (2010: 120) estima que, en el mundo, en 2103 de 2648 elecciones (79%) la persona o el partido que está gobernando (incumbent) vuelve a ganar, en Costa Rica, por el contrario, desde 1953 solo en cinco casos de 16 (31%) el partido de gobierno se mantiene en el poder: 1974, 1986, 2002, 2010 y 2018. En promedio, los partidos que gobiernan obtienen 11 puntos porcentuales menos en la siguiente elección. además, ninguno de los partidos que ha ocupado la presidencia ha tenido un gane neto de legisladores en el futuro congreso. Más bien, en la siguiente elección pierden cinco legisladores en promedio. Las dos excepciones de “recompensa” son PLN en 2010, que ganó seis puntos porcentuales respecto al voto presidencial en 2006, y PLN en 1966, que logró mantener constante el número de escaños (pero perdió la elección presidencial). El costo por gobernar es alto en Costa Rica.

Presidente Partido Continuidad del partido en la presidencia Porcentaje de votos para presidente en la siguiente elección (diferencia) Legisladores en la siguiente elección (diferencia)
Figueres 1 PLN no -21.9 -10
Echandi Unión Nacional no -32.9 -1
Orlich PLN no -0.8 0
Trejos Unificación Nacional no -9.3 -4
Figueres 2 PLN sí -11.3 -5
Oduber PLN no 0.4 -2
Carazo Coalición Unidad no -16.9 -9
Monge PLN sí -6.5 -4
Arias 1 PLN no -5.1 -4
Calderón PUSC no -3.8 -4
Figueres Olsen PLN no -5.1 -5
Rodríguez PUSC sí -8.4 -8
Pacheco PUSC no -35.0 -14
Arias 2 PLN sí 6.0 -1
Chinchilla PLN no -17.2 -6
Solís PAC sí -9.0 -3

La debilidad parlamentaria, junto con los bajos poderes formales de veto y decreto (Carey 1997), produce presidencias débiles en Costa Rica. Aunque en un contexto de demandas crecientes estas características comprometen la efectividad para gobernar (Straface 2008), hay que destacar que precisamente esta combinación de débiles poderes partidarios e institucionales evita conflictos institucionales entre poderes, particularmente crisis presidenciales y legislativas. En América Latina, presidentes con altos poderes presidenciales pero con minoría legisltiva tienden a amenazar al congreso, el cual –preventivamente o como represalia– inicia procesos de destitución o de impeachment (Helmke 2017). Por lo tanto, lo que hace a la presidencia de Costa Rica relativamente inefectiva, al mismo tiempo protege la estabilidad de su democracia.

Género y representación

Los cambios en el comportamiento electoral y en el sistemas de partidos efectivamente dificultan gobernar. Los presidentes –y la presidenta– llegan al Poder Ejecutivo con menos votos y bancadas legislativas más reducidas. Pero no todos los cambios políticos en Costa Rica deben valorarse de forma negativa. La fragmentación implica que hay más grupos representados y que la agenda política se ha diversificado.

La creciente inclusión de las mujeres en la política concuerda con esta era de cambio. A nivel institucional formal, ahora más mujeres ocupan cargos que antes. El número de mujeres diputadas creció gradualmente de tres mujeres entre 45 escaños (7%) en 1953 hasta 26 entre 57 escaños (46%) en 2018.

Además, aunque escasean las candidatas presidenciales, sobre todo en partidos mayoritarios2, el número de candidatas a la vicepresidencia ha crecido de manera sostenida y en paralelo a las diputaciones de mujeres. En Costa Rica, la fórmula presidencial (que en otros países llaman “binomio”, “plancha”, “ticket” y “chapa”) incluye dos vicepresidencias escogidas de forma fusionada con la presidencia. La primera mujer en ocupar una de estas candidaturas fue Luisa González, por el partido Acción Socialista 1970. En 1986, Victoria Garrón es la primera mujer nominada por un partido mayor (PLN) a la vicepresidencia y, con el gane de la fórmula, se convierte en la primera mujer vicepresidenta de la República. Desde la elección de Garrón, la presencia de mujeres en las papeletas avanza, pues en 1998 los dos mayores partidos incluyen mujeres en ambas candidaturas vicepresidenciales y en 2018 Epsy Campbell se convierte en la primera mujer afrodescendiente en alcanzar la vicepresidencia. Estos hechos señalan un proceso de mayor inclusividad política desde la fórmula presidencial (Pignataro y Taylor-Robinson 2019).

Un componente explicativo endógeno de la inclusión de mujeres es la creación de cuotas de género. Digo “endógeno” porque la búsqueda de mayor representación de las mujeres promueve las cuotas y, a la vez, la competencia por puestos elegibles es facilitada por la cuotas. En Costa Rica, los estudios muestran que las demandas de inclusión fueron tanto sociales (Sagot Rodríguez 2010) como intrapartidarias (Cascante 2019).

Desde 1998 se aplicó la cuota de 40% para puestos elegibles, lo que implica que las listas legislativas debían contener como mínimo 40% de mujeres candidatas; en la fórmula presidencial, al menos una persona de los tres cargos debía ser mujer (reforma al Código Electoral de 1952, reforzada con jurisprudencia electoral para garantizar su efectividad, entre ellas la resolución No. 1863 de 1999). Con el nuevo Código Electoral de 2009, la paridad (i.e., cuota de 50%) y la alternancia hombre-mujer aplica desde 2014 en las listas legislativas; en la fórmula presidencial, debe haber una mujer vicepresidenta y un hombre vicepresidente. Además, la resolución No. 3603 de 2016 exige que los partidos alternen por género el primer lugar de las listas legislativas. A contracorriente, la Asamblea Legislativa archivó en 2018 un proyecto de ley que cristalizaría en el Código Electoral la alternancia de encabezamientos.

La alternancia de encabezamientos entre provincias es importante en un contexto de mayor fragmentación partidaria. Como argumentan Matland y Taylor (1997), los partidos más pequeños prefieren nominar hombres en los puestos más altos de las listas, ya que prevén ganar pocos escaños. El primer lugar, por lo tanto, lo destinan a hombres que dominan los procesos de selección intrapartidarios. Con muchos partidos menores ganando un escaño, el congreso estaría lejos de la partidad (incluso con cuotas). Pero si los partidos deben alternar hombre/mujer los primeros lugares de las siete listas, es más probable que las mujeres obtengan escaños, inclusive desde partidos pequeños.

Una dinámica

Los resultados anteriores muestran un patrón común de cambio. Por un lado, disminuye la participación electoral, el caudal electoral de los partidos mayores y el número de legisladores pertenecientes al partido del gobierno. Por el otro, aumenta el número de partidos que compiten por la presidencia, el número de partidos con representación en la Asamblea Legislativa y el número de mujeres en política.

Matemáticamente es posible reducir estas tendencias en una única dimensión de cambio político. Utilizo el porcentaje de participación electoral total, el porcentaje acumulado de los dos partidos con más votos, el núumero de candidaturas presidenciales, el NEP presidencial, el NEP legislativo (escaños), la diferencia entre el número de legisladores oficialistas y la mayoría del congreso y el porcentaje de mujeres diputadas. A través de un análisis de factores, estimo un factor único que resume 72% de la variancia total de las siete variables. Cada variable está altamente correlacionada con el factor latente (aunque participación electoral en menor medida).

Esta estimación de un factor latente permite visualizar el panorama político y en Costa Rica desde 1953 hasta 2018. El gráfico representa las puntuaciones factoriales (i.e., los valores de la variable latente) para cada año agregando una curva suavizada. Un mayor puntaje factorial (eje vertical) significa mayor dinámica política-electoral. Una disminución refleja estabilidad. Así, en una imagen, se sintetiza la relativa estabilidad hasta 1998 y el cambio posterior, hasta llegar al punto máximo en 2018, proceso electoral que resultó especial en muchos sentidos, como muestran los variados capítulos del libro editado por Manuel Rojas e Ilka Treminio (2019), Tiempos de Travesía.

En el gráfico sobresale 1974 en relación con su periodo. En esta elección, se enfrentaron cuatro candidaturas fuertes: Daniel Oduber por el PLN; Fernando Trejos por Unificación Nacional; Jorge González Martén, empresario, a quien ahora llamaríamos outsider; y Rodrigo Carazo, exliberacionista y candidato ganador en la siguiente elección presidencial (Obregón Quesada 2008). Como se vio antes, los NEP en 1974 resultan comparativamente mayores para el periodo. En esta ocasión, además, se redujo por primera vez la edad mínima para votar de 20 a 18 años. Por lo tanto, el análisis precisa el contexto electoral particular del 74, una elección atípica en la era bipartidista. Pero los puntajes factoriales de 2002, 2010, 2014 y 2018 superan esta curiosa elección de antaño, evidenciando una nueva era política.

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  1. Me aventuro a suponer que, de no ser por la proscripción del partido comunista y la represión contra sus militantes, se habría desarrollado un sistema multipardistista en la posguerra. Pero esta conjetura es prácticamente imposible de probar.↩︎

  2. Hasta 2018, solamente Laura Chinchilla ha sido candidata presidencial en un partido mayoritario (PLN).↩︎