En Colombia se ha venido realizando una acción integral contra las minas antipersonales. Las características de las zonas donde se registran los accidentes por minas antipersonales, incluyendo baja densidad poblacional, escasa infraestructura y bajo nivel de penetración de los servicios públicos, así como la magnitud del problema por presencia de dichas minas antipersonales determinan la complejidad asociada al proceso de gestión de información sobre las actividades relacionadas con las minas antipersonales. No obstante, a partir del año \(2002\) se inició un proceso de registro sistemático sobre la afectación nacional por presencia o sospecha de presencia de minas antipersonales (MAP) y municiones sin explosionar (MUSE). Como complemento, se estableció un acuerdo de cooperación y asistencia técnica con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, quienes apoyan y aportan técnicamente en la implantación del sistema de registro con base en la cartografía nacional oficial.

Además, en el año \(2009\) se creó el Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario y, a partir de \(2010\), empezaron a llegar al país organizaciones civiles de desminado humanitario interesadas en apoyar las operaciones. La primera de ellas –The HALO Trust– completó su proceso de acreditación en \(2013\). En \(2015\) se acreditaron APN (para Proyecto Piloto) y Handicap International y para \(2016\) se acreditaron otras cinco organizaciones: APN, CCCM, Atexx y Perigeo NGO.

Ese esfuerzo se debe reconocer. La página http://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/datos-abiertos entrega datos abiertos respecto a dicho trabajo.

Aprovechandolos, me parece importante observar mapas dinámicos que den cuenta de la evolución del trabajo.

La presencia de MAP y MUSE es generalizada en todo el país. Desde que se tiene registro, en \(512\) municipios de los \(32\) departamentos del país se han presentado accidentes por MAP y MUSE. Los \(5\) municipios con mayor número de víctimas de \(1990\) a \(2022\) han sido Vistahermosa (Meta) con \(368\) víctimas, Tame (Arauca) con \(348\) víctimas, Tumaco (Nariño) con \(302\), San Vicente del Caguán (Caquetá) con \(263\), Tarazá (Antioquia) con \(262\), y Montañita (Caquetá) con \(250\) víctimas.

Y a nivel departamental, los \(5\) departamentos con mayor número de víctimas civiles ha sido Antioquia \((1162)\), Nariño \((614)\), Meta \((420)\), Cauca \((273)\) y Norte de Santander \((267)\).

A continuación se muestra un mapa que muestra la situación año por año.

En el mapa se aprecia cada departamento a partir de la diferenciación del color de los puntos, y la cantidad de eventos en una coordenada específica, por el tamaño del punto.

Se realizó un zoom en cada zona de conflicto: Alto Patía y norte del Cauca, Arauca, Bajo Cauca y nordeste antioqueño, Catatumbo, Chocó, Cuenca del Caguán y piedemonte caqueteño, Macarena Guavire, Montes de María, Pacífico medio, Pacífico y frontera nariñense, Putumayo, Sierra Nevada del Perijá - zona bananera, Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Sur del Tolima y Urabá antioqueño. Sólo se muestra en el presente documento los Montes de María.

La subregión Montes de María está ubicada en la parte central de los departamentos de Bolívar y Sucre en el Caribe colombiano. Su economía está basada en actividades agropecuarias, con tradición en ganadería bovina y cultivos campesinos de yuca, ñame, maíz, arroz, plátano, tabaco, café y aguacate. Se han desarrollado cultivos comerciales de palma de aceite, cacao y ají picante. Muestra bajo desarrollo económico, limitado por los problemas de violencia e inseguridad, la alta concentración de la tierra y los altos niveles de pobreza y miseria.

El contrabando ha sido parte de la vida cotidiana de su gente a lo largo de varias décadas, por lo cual esquivar la ley se ha convertido en algo usual y que no genera mayor sanción moral. Parte de ese desprecio hacia la legalidad se debe a que la región no contó con un Estado protector o mediador sino con un sistema político y administrativo que asume el “gamonalismo rural” como modelo de gestión, en el que las instituciones encargadas de la provisión de los bienes y servicios que demanda la sociedad son permeadas por la práctica “clientelista-electoral”, en detrimento del ejercicio de los derechos ciudadanos.

Esta aquiescencia con la ilegalidad y cierto desdén por el valor de lo público y la construcción de un Estado de Derecho han sembrado las bases de una impunidad social ya arraigada, que incrementa la fragilidad de su población frente a la acción de actores ilegales.

En este contexto, se consideran cuatro causas estructurales de la conflictividad que padece la región: la tenencia de la tierra, el modelo de desarrollo, el conflicto político y de clases y la corrupción y el fraude electoral.

Fuente: Los Montes de María: Análisis de la conflictividad. ASDI y Área de paz, desarrollo y reconciliación del PNUD Colombia. 2010.