La historia detrás del incremento en migrantes en tránsito por México (2010–2024)

Variable de Estado: Migrantes en Tránsito por México

Cuando hablamos de migrantes en tránsito, nos referimos a personas que atraviesan México sin tener al país como destino final. En su mayoría, provienen de Centroamérica y buscan llegar a Estados Unidos. Esta condición de “tránsito” las expone a peligros particulares: discriminación, abuso institucional, violencia y condiciones precarias durante su recorrido. La variable de estado “migrantes en tránsito por México” no solo permite cuantificar este fenómeno, sino también analizar sus determinantes estructurales y el papel del Estado mexicano en su evolución.

Tendencias y momentos clave (2010–2024)

Entre 2010 y 2017, los eventos de personas migrantes en situación irregular en tránsito por México se duplicaron, pasando de 128,368 a 296,829 registros (Unidad de Política Migratoria, 2018). Durante este periodo, se consolidaron factores estructurales como la violencia en Centroamérica, la desigualdad regional y la falta de mecanismos eficaces de protección. La participación femenina también aumentó de forma notoria: del 22.4% en 2010 al 30.5% en 2017.

Posteriormente, entre 2019 y 2020, los eventos disminuyeron por el efecto de la pandemia y el cierre de fronteras, pero a partir de 2021 comenzaron a incrementarse de forma sostenida. El crecimiento de 2021 fue particularmente notable, representando una reactivación abrupta del flujo migratorio irregular tras un año de restricciones sanitarias. Esta alza marcó el inicio de una nueva fase de repunte sostenido.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Unidad de Política Migratoria, SEGOB.

En 2023 se registró la cifra histórica más alta de personas en situación migratoria irregular: más de 782 mil eventos. El dato preliminar de 2024 sugiere que podría superarse el millón de eventos si se mantiene la tendencia.

Evolución mensual por año (2021–2024)

Fuente: Elaboración propia con datos mensuales de la Unidad de Política Migratoria.

La evolución mensual muestra comportamientos estacionales. En 2023 hubo un repunte significativo entre junio y agosto, mientras que en 2024, aunque los niveles siguen siendo altos, la tendencia mensual muestra una leve disminución a partir de mayo.

Cambios significativos en la política migratoria mexicana

A lo largo de estos años, el Estado mexicano ha adoptado un enfoque progresivamente más restrictivo y securitizado frente al tránsito migratorio. Desde la militarización de funciones civiles del INM, hasta el incremento de retenes, redadas y deportaciones exprés. Además, convenios bilaterales con Estados Unidos como el Plan Frontera Sur (2014) y la presión ejercida por el Título 42 durante la administración Trump, marcaron una lógica de contención.

Conclusiones

La variable “migrantes en tránsito por México” ha mostrado una tendencia ascendente sostenida desde 2021, impulsada por crisis humanitarias regionales, cambios en la política migratoria y mayor capacidad de registro institucional. El contexto actual exige transitar hacia un enfoque de movilidad humana basado en derechos, que priorice la protección, la no criminalización y el acceso a la justicia para las personas en tránsito.

La historia detrás de los casos de violencia hacia migrantes por traficantes de migrantes

Variable de Estado: Casos de violencia a migrantes por traficantes de migrantes

A lo largo de los últimos 30 años, la violencia hacia migrantes en tránsito por México ha evolucionado de forma paralela al endurecimiento de las políticas migratorias y la expansión del crimen organizado. Esta variable de estado —los casos de violencia cometida por traficantes de migrantes— ha mostrado un patrón creciente, diversificándose en formas y actores implicados.

De guías a victimarios: evolución del pollero y el crimen organizado

En 1994, la Operación Guardián cerró rutas tradicionales en la frontera con EE.UU., forzando a migrantes a tomar caminos más peligrosos (Slack & Whiteford, 2011). Esto fortaleció a los polleros (traficantes de migrantes), quienes pasaron de ser simples guías a formar parte de redes criminales.

A partir de 2006, con la guerra contra el narco en México, los cárteles comenzaron a diversificar sus actividades ilícitas, incluyendo el tráfico y secuestro de personas migrantes (Pereyra, 2023; REDODEM, 2018).

Este proceso se visualiza en la siguiente línea del tiempo, que destaca los principales momentos de escalamiento de la violencia, desde los secuestros masivos de 2008–2009 hasta las masacres de San Fernando y Cadereyta (CNDH, 2011):

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CNDH (2011), REDODEM (2018), Slack & Whiteford (2011) y Pereyra (2023)

Tipos de violencia: entre la extorsión y la agresión sexual

Según datos del informe REDODEM 2018, el 57.4% de los casos de violencia reportados corresponden a robo, extorsión o secuestro, mientras que el 42.6% refieren agresiones físicas, psicológicas o sexuales (REDODEM, 2018, p. 45).

Estas formas de violencia son ejecutadas por actores ligados al tráfico de migrantes: polleros, cárteles y bajadores.

Fuente: Elaboración propia con datos de REDODEM (2018)

¿Quiénes ejercen la violencia?

Detrás de esta violencia hay una red de actores interconectados:

  • Los polleros cobran cuotas a los migrantes, pero también los abandonan, entregan a cárteles, o permiten su secuestro (Slack & Whiteford, 2011).
  • Los cárteles controlan rutas y cometen los crímenes más graves, como trata de personas, violencia sexual o desaparición forzada (Pereyra, 2023).
  • Los bajadores (asaltantes que emboscan migrantes en el desierto) roban, agreden y violan (Slack & Whiteford, 2011).
  • Las autoridades corruptas otorgan impunidad, cuando no colaboran activamente (López Castro, 2010; REDODEM, 2023).

Este entramado se ilustra en el siguiente diagrama de relaciones:

Fuente: Adaptado de Sánchez Ríos (2021), Migraciones Internacionales, 12(1)

Conclusiones

La violencia contra migrantes por parte de traficantes no es incidental, sino parte de un sistema consolidado. La evolución histórica muestra cómo el cierre de rutas, la militarización y la impunidad han permitido que estos actores se fortalezcan, diversifiquen y se profesionalicen.

Esta variable de estado revela no solo un fenómeno de violencia creciente, sino también una profunda falla estructural de protección por parte del Estado mexicano.

La historia detrás de los casos de violencia hacia migrantes en tránsito cometidos por autoridades (2006–2024)

Variable de Estado: Casos de violencia a migrantes por autoridades

Cuando hablamos de migración en México, solemos imaginar un camino difícil marcado por la pobreza, la violencia en los países de origen o los riesgos del trayecto. Pero hay una parte de esta historia que pocas veces recibe suficiente atención: la violencia que sufren las personas migrantes a manos de las propias autoridades mexicanas encargadas de “ordenar” su paso por el país.

En esta entrada repasamos cómo, desde 2006 hasta hoy, los casos de violencia hacia migrantes en tránsito cometidos por autoridades —como el Instituto Nacional de Migración (INM), policías estatales y fuerzas federales— han dejado de ser excepcionales para convertirse en una práctica frecuente y muchas veces institucionalizada. Veremos cómo se ha transformado el enfoque migratorio en México, cómo se militarizaron funciones civiles y qué consecuencias ha tenido esto para miles de personas en movilidad.

¿Qué ha pasado en estos años?

Todo empezó a cambiar en 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó la “Guerra contra el narco”. Aunque esta estrategia se enfocaba en el crimen organizado, tuvo efectos colaterales profundos: se militarizaron tareas que antes eran civiles, y el INM empezó a trabajar de la mano con el Ejército y la Policía Federal. A partir de ahí, la migración pasó de ser un tema humanitario a un tema de seguridad.

Entre 2010 y 2012, esta colaboración se hizo más operativa. Comenzaron los operativos conjuntos entre INM y fuerzas federales, y con ellos, las denuncias por detenciones arbitrarias, extorsiones y hasta colusión con redes criminales.

En 2014, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, se lanzó el Plan Frontera Sur, en colaboración con Estados Unidos. Oficialmente, era para ordenar el flujo migratorio. En la práctica, significó más retenes, más deportaciones exprés y más represión, especialmente en el sur del país.

De 2015 a 2018, diversas organizaciones como la CNDH y REDODEM comenzaron a documentar de forma sistemática abusos dentro del sistema migratorio: extorsiones, maltratos, detención de solicitantes de asilo y discriminación. El problema no era nuevo, pero ahora había evidencia clara y constante.

Ya en 2019, con el cambio de gobierno, el enfoque no se suavizó, sino todo lo contrario: se nombraron mandos militares en el INM, lo cual sustituyó a personal civil y consolidó la lógica punitiva. Esta decisión marcó un antes y un después: las políticas migratorias pasaron a estar cada vez más en manos de militares, no de civiles con formación en derechos humanos.

Entre los casos más alarmantes de los últimos años están:

  • La masacre de Camargo (2021), donde 19 migrantes fueron asesinados por policías estatales en Tamaulipas.

  • El informe “Bajo la bota” (2022), que documentó detenciones arbitrarias, discriminación, uso excesivo de la fuerza y violaciones sistemáticas por parte del INM.

  • El incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez (2023), donde murieron 40 personas migrantes bajo custodia del INM.

A la par de estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha reportado un aumento de más del 500% en las recomendaciones dirigidas al INM entre 2023 y 2024. Esto confirma que no se trata de hechos aislados, sino de una violencia institucional sostenida y en aumento.

Una mirada rápida a los momentos clave

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CNDH, REDODEM, FJEDD (Bajo la Bota, 2022) y medios de comunicación nacionales.

¿Qué dicen las denuncias formales?

Más allá de los casos que llegan a los medios, muchas personas han presentado quejas formales contra el INM. Entre 2019 y 2024, las denuncias más comunes fueron por hostigamiento laboral, abuso de autoridad, discriminación, extorsión, acoso sexual e incluso tráfico de personas.

Fuente: Sistema de Quejas de la Función Pública y análisis de REDODEM (2024).

A más detenciones, más abusos documentados

En los últimos años, las detenciones migratorias han aumentado de forma significativa. Y con ellas, también han crecido las recomendaciones de la CNDH por violaciones a derechos humanos cometidas por el INM. La siguiente gráfica muestra cómo ambas variables han subido casi al mismo ritmo.

Fuente: Boletines estadísticos del INM y CNDH, Informe Anual 2023.

Conclusiones

Hoy queda claro que los casos de violencia hacia migrantes en tránsito cometidos por autoridades mexicanas no son simples “errores” o hechos aislados. Son el resultado de políticas migratorias cada vez más orientadas al control y al castigo, muchas veces influenciadas por la presión de Estados Unidos.

Cambiar esta realidad requiere mucho más que castigar a los responsables de cada caso. Se necesita una transformación profunda del enfoque migratorio en México, con una lógica centrada en los derechos humanos y con mecanismos reales de rendición de cuentas para las instituciones que hoy operan con impunidad.